La ciencia de doblegar al Estado

• Ricardo Balderas

Las malas prácticas en Asociaciones Civiles financiadas por Fondos Mixtos (FOMIX) del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), son cada vez más frecuentes. En concreto, dentro del Centro del Cambio Climático Global y la Sustentabilidad, A.C. (CCCGS) y la Academia Mexicana de la Ciencia (AMC). La primera ha creado esquemas de aprovechamiento del dinero público de forma opaca, y la segunda realizó despidos masivos, deslindándose de sus responsabilidades patronales, de acuerdo a documentos oficiales que recibió PODER vía Méxicoleaks.

T1_01. Crédito: Ricardo Balderas

Los FOMIX son fideicomisos que surgen del Programa Presupuestario (PP) del Conacyt y que tienen como objetivo ayudar a desarrollar proyectos científicos en las entidades federativas donde el presupuesto a la investigación es escaso.

El problema es que cada vez se descubren más casos en los que el uso del dinero se aleja del objetivo de los fondos. Por ejemplo, esta nueva revelación que relaciona a la AMC y al CCCGS con lo ocurrido en el Foro Consultivo Científico y Tecnológico (Foro A.C.) 1, destapado por PODER y Méxicoleaks, en el que un grupo de académicos usurpó funciones públicas y se benefició por más de 16 años de dinero público, también proveniente de FOMIX, de manera discrecional.

Ilustración: Dani Scharf Ilustración: Dani Scharf.

Gastan dinero sin reportar un peso

El Centro del Cambio Climático Global y la Sustentabilidad fue constituido en el estado de Tabasco frente al notario público 32°, en julio de 2012 y administrado hasta 2019 por Rafael Loyola Díaz, recientemente difunto. El Conacyt fue integrado al acta constitutiva del CCCGS, A.C., y no es público quién aceptó el acuerdo, pero a través de Méxicoleaks llegó el correo electrónico original en el que Loyola Díaz y Elsa Blum, directora de coordinación regional de Conacyt en julio 2019, acuerdan una aportación obligatoria de 11 millones de pesos sin necesidad de convocatoria o licitación.

T1_02. Crédito: Ricardo Balderas

A pesar de que el CCCGS reporta una importante actividad en su muy cuidada web, curiosamente en toda la sección de su Portal de Obligaciones Transparencia Fiscal, sólo hay botones que no llevan a ningún documento. Tampoco existen reportes financieros de la A.C. en el sitio oficial de Conacyt.

A pesar de lo anterior, la filtración en manos de PODER, sí contiene reportes de gastos erogados por este instituto. 729,115 pesos fueron reportados durante los pasados 3 años (2018-2020) por concepto de viáticos para trabajo de campo y equipo de computo por los investigadores Pierre Charruau y Rodrigo García Morales. Pero el proyecto específico no está estipulado en las facturas.

También contrasta la actividad con la falta de resultados: “Después de una búsqueda exhaustiva, no obtuvo información sobre la cantidad de patentes u otros bienes intelectuales entregadas a CONACYT, resultado de la inversión en el Centro de Cambio Climático Global y la Sustentabilidad A.C.” afirmó el Conacyt en la solicitud de acceso de información con el folio 1111200002721. Por lo que, a pesar de los fondos recibidos, Conacyt no se ha visto beneficiado de estos acuerdos, con objeto científico.

Hay que destacar que la Ley General de Bienes Públicos no contempla que los materiales que emergen de estas asociaciones se encuentren en la categoría de patrimonio, por lo que todas las investigaciones que resultan de los trabajos financiados con presupuesto público podrían terminar en manos de particulares.

Los antecedentes del CCCGS

Pese a que en el acta constitutiva de la A.C. (también en manos de este medio de comunicación) se establece en su artículo séptimo que queda expresamente prohibida todo tipo de actividad o propaganda de carácter político haciendo uso del nombre de la asociación, el académico Rafael Loyola Díaz junto a Juan Pedro Laclette San Román, exdirector del Foro Consultivo Científico y Tecnológico A.C., fueron registrados como participantes de la Comisión Temática de Ciencia y Tecnología del Partido Revolucionario Institucional (PRI).

T1_03. Crédito: Ricardo Balderas

En el acta también se estipula como representantes legales a Gerardo Guerrero Pérez, en su calidad de representante del Poder Ejecutivo de Tabasco; Carlos Arámburo de la Hoz, como representante de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM); María Antonieta Saldivar Chávez, por Conacyt; y Wilfrido Miguel Contreras Sánchez, en nombre de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco.

Gerardo Guerrero Pérez fue promovido por el entonces gobernador de Tabasco, Andrés Granier Melo (uno de los hombres más corruptos de México según la revista Forbes 2); por su parte Arámburo de la Hoz, fue propuesta por el ex secretario del gabinete priista, José Narro Robles; mientras que el ex titular de Conacyt, Enrique Villa Rivera, fue quien dio poderes a Saldivar Chávez. Posteriormente, en acuerdo general de los miembros, se nombraría como representante de dicho grupo a Salvador Mora Gallegos.

El esquema de precarización laboral

Una dificultad más es la falta de claridad respecto a las contrataciones. La Ley Federal de Responsabilidad de los Servidores Públicos tampoco contempla como “trabajadores del Estado” a quienes sean contratados por esta vía, por lo que sus funcionarios, que sí reciben un sueldo del erario, quedan exentos de algunas obligaciones, como la presentación de declaración patrimonial o el acatamiento de los tabuladores salariales federales.

En la Academia Mexicana de la Ciencia, A.C. (AMC), por ejemplo, 50 extrabajadores enfrentaron en mayo de 2020 despidos injustificados de la noche a la mañana y sin derecho a liquidación. Dado que la AMC no genera responsabilidad patronal, los afectados no tienen una institución inmediata para intentar una conciliación.

En respuesta, el grupo de académicos emitió un pronunciamiento firmado y dirigido al presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), exigiendo que les sean emitidos los pagos correspondientes y se explique la causa de su despido.

La investigadora Batsy Acosta Mayorga, quien también fue trabajadora de la AMC explicó para PODER que previamente a estos despidos masivos, durante la emergencia de la COVID-19, se les retuvo el pago de tres meses. Ese monto les fue liquidado el día que les dieron la noticia de que serían despedidos de su lugar de trabajo.

“Cuando nos despidieron a todos, sólo recontrataron al grupo selecto por la coordinadora, que son los sueldos más altos de la Academia, van de 39,000 a 100,000 (pesos), y justo denunciamos el nepotismo y amiguismo que maneja esta coordinadora puesto que en varias áreas todos son familiares y no tienen la documentación (título) para desempeñarse como coordinadoras de áreas ni para recibir esos sueldos”, explicó la académica.

T1_04. Crédito: Ricardo Balderas

Según la información proporcionada, la coordinadora de la que habla la quejosa, se trata de Renata Villalba quien ha ostentado el cargo por más de 20 años y las percepciones que se le señalan son montos mensuales 3.

En este contexto, la falta de regulación de fondos para los aparatos científicos han logrado doblegar a las autoridades, no sólo en lo que concierne a las contrataciones y privilegios que derivan de la creación de espacios privados financiados con dinero público, sino con un sistema que parece que seguirá despojando derechos laborales para uno de los sectores más indispensables de la sociedad.